Cincuenta años después de la toma de Phnom Penh por los Jemeres Rojos, Camboya sigue viviendo bajo la sombra de aquel trauma fundacional. El páis no permanece anclado en el recuerdo del genocidio, pero el legado de lo vivido entre 1975 a 1979 continúa operando como una pieza central de su arquitectura política, moral y simbólica. La justicia llegó tarde, de forma limitada y con un alcance cuidadosamente acotado. La memoria se ha preservado, aunque a través de marcos institucionales que conviven con un control muy estricto del relato oficial. Y el pasado, lejos de haber quedado atrás, sigue siendo invocado de manera constante por el Partido Popular Camboyano, que ha hecho de la derrota de los Jemeres Rojos y de la promesa de estabilidad posterior uno de los pilares de su legitimidad. El problema es que ese uso político del trauma, aunque ha sido suficiente para presentar al CPP como salvador de la nación, no ha bastado para cerrar las heridas ni para otorgar plena legitimidad a un régimen cada vez más autoritario.
La gran paradoja camboyana es que la transición posterior al genocidio produjo una combinación muy poco habitual de verdad parcial, justicia restringida y memoria intensamente administrada. Los crímenes de los Jemeres Rojos estuvieron presente y no hubo una depuración profunda del sistema ni una transformación estructural comparable a la de otros procesos de justicia transicional más ambiciosos. Lo que emergió fue, más bien, un modelo híbrido en el que se reconoció el horror, se juzgó a una parte muy pequeña de los responsables y se consolidó una narrativa nacional en la que el actual poder se presenta como el garante de que aquel abismo no volverá a repetirse. Esa fórmula permitió construir un marco de estabilidad política y de reconocimiento internacional, aunque dejó fuera demasiadas preguntas, demasiados responsables y demasiadas víctimas sin una sensación plena de cierre.
El ejemplo más visible de esa justicia limitada fueron las Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, el tribunal híbrido creado conjuntamente por Camboya y Naciones Unidas. Sobre el papel, su misión parecía histórica: juzgar a los máximos responsables de los crímenes cometidos entre 1975 y 1979. En la práctica, sin embargo, el tribunal terminó convirtiéndose en un símbolo de las posibilidades y de los límites de la justicia internacional cuando llega tarde, depende de equilibrios políticos delicados y opera dentro de un contexto autoritario. Tras casi dos décadas de funcionamiento, más de 300 millones de dólares de coste y una enorme expectativa internacional, el ECCC cerró en 2022 con sólo tres condenas firmes. La cifra, por sí sola, resume la estrechez de su alcance.
Esa estrechez no fue accidental. El mandato del tribunal se limitó a juzgar a los “máximos responsables” y se restringió estrictamente al periodo 1975-1979, quedando fuera centenares de cuadros medios y bajos, muchos de los cuales siguieron viviendo junto a las víctimas e incluso ocupando posiciones de autoridad, junto con crímenes anteriores y posteriores que forman parte del contexto real de violencia camboyana. El resultado fue una justicia profundamente selectiva, suficiente para establecer un registro histórico y para fijar una verdad judicial básica sobre el horror del régimen, pero insuficiente para responder a la experiencia social de un país donde la violencia no quedó encapsulada de forma tan limpia dentro de cuatro años cerrados.
A esa limitación estructural se añadió la del freno político, con la sensibilidad que ello traía. Los casos contra otros cuatro acusados quedaron archivados o atrapados en disputas entre jueces nacionales e internacionales, precisamente cuando empezaban a acercarse a figuras cuya investigación podía resultar incómoda para el aparato actual. Ahí se hizo visible con toda claridad el perímetro permitido de la justicia transicional camboyana. Se podía juzgar a unos pocos ancianos convertidos ya en símbolos universales del mal, pero no abrir de verdad la caja negra de las continuidades políticas, militares y administrativas que enlazan el periodo del Khmer Rouge con el poder posterior.
Por eso, una parte importante de la literatura académica y de los análisis especializados coincide en que el ECCC dejó un legado ambivalente. Por un lado, produjo reconocimiento simbólico, documentación, testimonio y una pedagogía judicial nada despreciable en un país que había convivido durante décadas con la impunidad. Por otro, también funcionó como una herramienta de legitimación selectiva, permitiendo mostrar que algo se había hecho, que la comunidad internacional y el Estado camboyano habían respondido de algún modo al genocidio, mientras consolidaba a la vez una lectura cómoda del pasado en la que la culpa podía concentrarse en unos pocos grandes criminales envejecidos, sin necesidad de revisar más a fondo las estructuras de poder que sobrevivieron después.
Frente a una justicia limitada, la memoria ha seguido una trayectoria aún más ambigua. Camboya ha desarrollado en las últimas décadas un esfuerzo real de documentación, archivo y enseñanza del pasado. El Documentation Center of Cambodia, o DC-Cam, ha reunido durante años un volumen extraordinario de materiales sobre el régimen, acumulando más de un millón de páginas de archivos y utilizando ese acervo en exposiciones, currículos escolares, talleres y programas móviles dirigidos a estudiantes y comunidades rurales. Gracias a esa labor, el genocidio no ha quedado enterrado ni reducido a un tabú, ha sido estudiado, enseñado y transmitido a nuevas generaciones que no lo vivieron directamente.
Además, los enfoques más recientes sobre memoria no se limitan a la preservación factual. Algunos trabajos subrayan que la educación en derechos humanos vinculada al legado del Khmer Rouge busca también fomentar empatía, dignidad y debate sobre la violencia, el trauma y la responsabilidad. Es decir, no se trata sólo de enseñar qué pasó, sino de construir una sensibilidad cívica que permita a la sociedad relacionarse con ese pasado de forma más humana y más reflexiva. En ese mismo sentido, el cierre del tribunal no implicó el abandono completo de su dimensión pedagógica. En 2024 se lanzó una web interactiva del ECCC y continúa discutiéndose la creación de un instituto permanente de memoria y lecciones históricas, señales de que el componente educativo del proceso no se considera clausurado.
Sin embargo, esa institucionalización de la memoria convive con un rasgo decisivo: el Estado mantiene un control muy fuerte sobre el marco general del relato. La narrativa oficial pivota sobre el 7 de enero de 1979, presentado como el día de la liberación nacional a manos del frente apoyado por Vietnam y liderado por quienes más tarde conformarían el núcleo del CPP. Dentro de ese relato, Hun Sen ocupa un lugar central como desertor del Khmer Rouge, salvador del país y figura imprescindible para la paz posterior. La memoria del genocidio, por tanto, no se organiza únicamente como duelo o como pedagogía democrática. También funciona como fundamento histórico de una legitimidad de Estado que sitúa al partido gobernante como muro de contención frente al retorno del horror.
Ese monopolio del encuadre tiene consecuencias políticas profundas. La historia oficial habla mucho del horror de 1975 a 1979, pero bastante menos de las violencias, abusos y prácticas autoritarias posteriores. Así, la memoria colectiva queda filtrada de una manera muy funcional al presente. El mensaje implícito es claro: Camboya conoció el infierno, el CPP la salvó y, por tanto, la continuidad del CPP se convierte en la garantía natural de que ese infierno no volverá. Varios estudios sobre jóvenes camboyanos muestran precisamente eso: conocen el régimen a través de manuales, museos y testimonios, pero dentro de un marco narrativo donde el “nunca más” se vincula casi automáticamente con la permanencia del orden político actual.
Esa instrumentalización del pasado ha sido central para la legitimidad de Hun Sen. Durante décadas, el líder camboyano construyó su figura sobre una combinación muy eficaz de biografía política y mito de salvación. Como excomandante jemeres rojos que desertó y se integró en el frente pro vietnamita, pudo presentarse como alguien que había conocido desde dentro la maquinaria del terror y había contribuido a derrotarla. Sobre esa base levantó una forma de legitimidad de fundador, como dirigente del presente y figura indispensable en el renacimiento de Camboya tras el genocidio y la guerra.
Ese capital simbólico no se quedó en el terreno de la memoria. Fue utilizado una y otra vez para justificar el endurecimiento autoritario del régimen, con la consecuente represión de la oposición, el control férreo de los medios y la restricción del espacio cívico, que se presentaron no como meros instrumentos de dominación, sino como condiciones necesarias para preservar la paz y evitar el regreso del caos. La lógica subyacente era sencilla y poderosa: un exceso de pluralismo, conflicto o competencia política podía reabrir las heridas del pasado y desestabilizar un país cuya supervivencia dependía de la continuidad del orden. En ese esquema, el autoritarismo dejaba de aparecer como una anomalía y pasaba a venderse como una forma de tutela histórica.
El problema para el CPP es que esa fuente de legitimidad pierde fuerza con el relevo generacional. Hun Manet puede heredar el aparato, el partido y la narrativa, pero no puede heredar de manera plena la biografía histórica que hizo de su padre una figura casi fundacional. Si la legitimidad de Hun Sen se anclaba en haber salvado a Camboya del Khmer Rouge y haber impuesto después la paz, Hun Manet necesita construir otra base de autoridad. Los análisis sobre la sucesión coinciden en que esa nueva legitimidad tendrá que apoyarse mucho más en la modernización económica, la eficacia gubernamental y la gestión de desigualdades, porque ya no puede descansar con la misma naturalidad sobre el recuerdo directo del genocidio.
Ahí aparece otra tensión de fondo. Para las generaciones más jóvenes, la memoria del Khmer Rouge sigue siendo importante, pero no necesariamente decisiva a la hora de evaluar al régimen actual. A medida que el tiempo pasa, pesan más cuestiones como la corrupción, la desigualdad, la falta de libertades y la calidad real del desarrollo. En ese contexto, la apelación constante al pasado puede seguir funcionando como telón de fondo emocional, pero ya no basta por sí sola para neutralizar el descontento o producir adhesión profunda. Y cuanto más evidente es esa insuficiencia, más visible se vuelve la distancia entre la promesa de “nunca más abusos” y la realidad de un sistema que continúa vulnerando derechos en el presente.
No es casual que muchos análisis resuman la experiencia camboyana de justicia transicional con una fórmula muy dura pero muy repetida: “too little, too late”. Demasiado poco, demasiado tarde. El tribunal nació décadas después del genocidio, cuando buena parte de los máximos responsables ya habían muerto o eran ancianos. Su capacidad de castigo ejemplar, de reparación y de pedagogía transformadora estaba ya muy condicionada por ese retraso. Además, el mandato estrecho, las amnistías previas y la negativa a ampliar el radio de investigación hacia figuras con conexiones políticamente sensibles hicieron que el ECCC fuera visto por muchos como un instrumento más útil para la imagen internacional de Camboya y de Naciones Unidas que para las víctimas mismas.
Más importante aún, la experiencia camboyana careció de un componente robusto de verdad, reparaciones amplias y reforma institucional. El encarcelamiento de unos pocos viejos dirigentes no transformó la cultura política ni elevó de forma significativa los estándares de rendición de cuentas en el presente. De hecho, muchos informes sobre derechos humanos señalan que, mientras el tribunal seguía funcionando, el país experimentaba retrocesos muy visibles en libertades civiles y pluralismo político. Esa coexistencia entre memoria del genocidio y deterioro autoritario actual es una de las grandes contradicciones del caso camboyano.
En conjunto, el balance es profundamente ambivalente. Camboya ha avanzado en documentación y educación sobre el genocidio, gracias tanto al trabajo de actores como DC-Cam como a distintas iniciativas comunitarias y académicas. Sin embargo, ese avance convive con un control estatal muy marcado del marco interpretativo general. La justicia dejó un registro histórico y un puñado de condenas de enorme peso simbólico, pero no desarticuló redes de poder ni creó una cultura robusta de rendición de cuentas. Y la legitimidad del CPP se ha beneficiado durante décadas de la memoria del horror, aunque esa misma estrategia empieza a mostrar signos de agotamiento en una sociedad más joven, más desigual y más consciente de los déficits del presente.
El regreso, simbólico, a un escenario ocupado por los Jemeres Rojos es un fantasma que funciona más como dispositivo político que como posibilidad real inmediata. El riesgo se encuentra en la posibilidad de consolidar Camboya como un país donde la historia se administra desde arriba, el autoritarismo se reviste de garantía de estabilidad y el desarrollo se utiliza no tanto para sanar de verdad las injusticias del pasado, como para cubrirlas con una promesa de orden. Si eso ocurre, el legado del genocidio no habrá sido realmente elaborado, sino incorporado a una nueva forma de dominación. Y entonces la memoria, en lugar de abrir un camino hacia la justicia, habrá terminado funcionando como uno de los pilares más eficaces de su aplazamiento.