Vietnam ha convertido la lucha anticorrupción en mucho más que una campaña de limpieza moral o de disciplina partidaria. En la práctica, se ha transformado en uno de los principales instrumentos para reordenar élites, redefinir el equilibrio entre facciones y recentralizar el poder en la cúspide del sistema. Ese proceso no empezó ayer, ni puede explicarse solo como una reacción a escándalos concretos. Viene madurando desde hace una década, primero bajo el largo liderazgo de Nguyen Phu Trong y después, ya con más intensidad transformadora, en la nueva etapa abierta tras su muerte y el ascenso de Tô Lâm. El resultado, sin embargo, no es lineal. Por un lado, el Partido Comunista de Vietnam ha reforzado su disciplina interna, ha reducido espacios de impunidad y ha transmitido la idea de que incluso los cargos más altos pueden caer. Por otro, esa misma ofensiva ha introducido un elemento de nerviosismo en la política y en la economía, porque ha multiplicado la sensación de que el sistema es más severo, más centralizado y también menos previsible para quienes operan dentro y fuera del país. East Asia Forum resume esa encrucijada con claridad al señalar que Vietnam llega a 2026 en un cruce estratégico donde la recentralización política convive con dudas sobre estabilidad y previsibilidad regulatoria.
Para entender esta fase hay que volver a la llamada “furnace”, la gran campaña anticorrupción impulsada por Nguyen Phu Trong desde 2016. Aquella ofensiva fue presentada como un esfuerzo para sanear al Partido, castigar a cuadros degradados y recuperar la legitimidad de una organización golpeada por escándalos y por el malestar ciudadano ante la corrupción. Pero, además de su componente moralizador, la “furnace” sirvió para reordenar la cúpula y para debilitar redes de poder que habían crecido durante la etapa de mayor apertura económica y de mayor tolerancia a las zonas grises. Unas 17.000 figuras del aparato fueron expulsadas o disciplinadas, y desde 2022 cayó casi el 40 por ciento del Politburó. Esa amplitud da la medida de la operación: no se trató de corregir desviaciones marginales, fue una redefinición de los términos en que la élite vietnamita podía ejercer el poder.
Con todo, la campaña de Trong tuvo un rasgo muy particular. Estuvo fuertemente orientada a la depuración política y a la disciplina personal, pero no necesariamente a la reforma profunda de las estructuras administrativas. East Asia Forum ha subrayado que el interés del liderazgo se desplazó desde las reformas burocráticas previstas en la Resolución 18 de 2017 hacia la lógica de la “furnace”, es decir, hacia el castigo ejemplar y la corrección interna de comportamientos individuales. En otras palabras, la prioridad fue sancionar, apartar y advertir, más que rediseñar a fondo la maquinaria del Estado. La burocracia, salvo en ámbitos concretos, quedó en buena medida intacta, aunque sometida a un miedo creciente.
Ese matiz es importante porque ayuda a explicar por qué la actual etapa bajo Tô Lâm no es simplemente una continuación automática de lo anterior. Si Trong utilizó la anticorrupción para depurar el Partido y reafirmar su autoridad moral, Lâm parece decidido a usarla también para reestructurar instituciones, adelgazar el aparato y concentrar la capacidad de ejecución. Control Risks apunta que la Vietnam posterior al 14º Congreso entra en una fase de mayor riesgo, pero también de mayor jerarquización, con un Comité Central más joven, más profesionalizado y con un peso más visible de perfiles técnicos y de seguridad. Es decir, la anticorrupción deja de ser solo un martillo disciplinario para convertirse en parte del rediseño del Estado.
La trayectoria de Tô Lâm ayuda a entender ese cambio de estilo. Durante su etapa al frente del Ministerio de Seguridad Pública ya se había visto un enfoque más organizativo y más ejecutivo. East Asia Forum señala que, a diferencia de otros sectores del Estado, ese ministerio sí experimentó una reorganización más visible, con reducción de niveles intermedios, más agentes desplegados sobre el terreno y un crecimiento notable de su peso dentro del aparato. Por eso, cuando Lâm asciende a la secretaría general y se perfila como figura dominante del nuevo ciclo, lo que aparece no es solo un continuador de la “furnace”, sino alguien dispuesto a aplicar al conjunto del sistema una lógica parecida a la que ya ensayó en seguridad: menos capas, más control vertical, más filtrado de cuadros y una cadena de mando más corta.
En enero de 2026, Tô Lâm prometía combatir la corrupción, reducir obstáculos burocráticos y empujar a Vietnam hacia tasas de crecimiento superiores al 10 por ciento, todo ello dentro de una agenda de “renovación radical” del aparato estatal. En apenas 17 meses, según ese mismo recuento, se habían eliminado ocho ministerios u organismos y reducido en casi 150.000 el número de funcionarios. La magnitud del ajuste sugiere que la nueva etapa no busca únicamente castigar conductas impropias, también redefinir cómo funciona el Estado vietnamita, quién toma las decisiones y qué espacios quedan para la negociación informal.
A primera vista, semejante sacudida podría interpretarse como una fuente directa de inestabilidad. Y, de hecho, durante los últimos años la política vietnamita ha mostrado un grado de turbulencia inusual en la cima del sistema. La sucesión de dimisiones y caídas ha afectado a presidentes, viceprimeros ministros, presidentes de la Asamblea Nacional y secretarios provinciales. Stratfor señalaba que siete de los 18 miembros del Politburó, es decir, un 39 por ciento, habían dimitido o sido forzados a renunciar desde diciembre de 2022.
En cualquier otro sistema, o al menos en uno más abierto y más dependiente del pulso electoral, semejante rotación en la cúpula sería leída como señal inequívoca de debilidad. En Vietnam, sin embargo, la lectura es más ambigua. Sí, existe sorpresa y existe opacidad. The Diplomat observó que para un país que vende estabilidad como una de sus grandes ventajas competitivas, la política se ha vuelto menos transparente y más brusca, con reemplazos simultáneos en puestos clave que llegan sin demasiada explicación pública. Esto afectó a la percepción de ciertos sectores económicos, que reaccionaron con inquietud cuando los purgados eran figuras consideradas tecnocráticas o interlocutores fiables del sector privado.
No obstante, conviene no confundir turbulencia en la cúpula con descomposición del sistema. Buena parte de los análisis coinciden en que la finalidad de la campaña no es debilitar al régimen, sino fortalecerlo. Aquí, la anticorrupción funciona como un instrumento de supervivencia del régimen, diseñado para reforzar su legitimidad y demostrar que el Partido es capaz de corregirse incluso al más alto nivel. Un capítulo de Southeast Asian Affairs 2024 argumenta que si todo hubiera sido solo una cobertura para luchas faccionales, la intensidad de la campaña habría descendido tras 2021. El hecho de que se haya expandido y formalizado apunta a un compromiso más profundo con la disciplina interna y con la reconstrucción de autoridad.
Dicho de otro modo, Vietnam, en lugar de estar entrando en una fase de caos político, lo hace en una fase de estabilidad más áspera, más jerárquica y menos colegiada. El equilibrio entre facciones, que durante años ayudó a repartir cuotas de poder y a amortiguar conflictos internos, está cediendo terreno ante un modelo donde el centro controla más, tolera menos y exige obediencia con menos margen para la interpretación. Desde la óptica del Partido, eso puede ser una fortaleza. Desde la óptica de los inversores, en cambio, puede ser un problema, porque la previsibilidad ya no depende solo de que el sistema no colapse, sino también de saber quién decide, con qué criterios y cuánto tiempo duran esos criterios.
Ahí es donde aparece uno de los efectos más importantes, y quizá más costosos, de la campaña: la parálisis burocrática. Durante años, diversos análisis han descrito una administración temerosa de firmar, autorizar o desbloquear proyectos por miedo a acabar bajo investigación. Una cautela extrema que se relaciona con retrasos en la inversión pública y con problemas serios en sectores estratégicos, especialmente energía e infraestructuras. Cuando un funcionario siente que cualquier firma puede ser reinterpretada años después como connivencia, negligencia o corrupción, la reacción natural es no mover nada. Y en un país que necesita carreteras, redes eléctricas, capacidad portuaria y claridad regulatoria para sostener su crecimiento, ese miedo tiene un coste material muy concreto.
Los datos sobre ejecución de inversión pública refuerzan esa impresión. En los nueve primeros meses de 2024, el gasto seguía por debajo del 50 por ciento del plan previsto en áreas prioritarias. No es un detalle menor. Significa que la anticorrupción, aun cumpliendo su función disciplinaria, estaba interfiriendo con la capacidad del Estado para ejecutar su agenda económica. Y eso afecta especialmente a sectores donde las reglas son complejas, las aprobaciones múltiples y los importes elevados. El caso de la energía es paradigmático. Las demoras en el PDP8 y la incertidumbre sobre el marco de renovables han alimentado la percepción de riesgo regulatorio entre inversores que, en teoría, veían a Vietnam como uno de los destinos más prometedores del sudeste asiático.
Ahora bien, la nueva centralización también aspira a corregir esa parálisis. Control Risks sostiene que, tras el 14º Congreso, la toma de decisiones se ha vuelto más vertical y más concentrada, con menos actores capaces de bloquear, dilatar o proteger expedientes. Esa simplificación puede acelerar procesos que antes se atascaban entre ministerios, niveles territoriales y rivalidades burocráticas. De hecho, algunas normas que habían quedado bloqueadas durante años, como ciertas reglas de transparencia accionarial tras los escándalos financieros recientes, han empezado a avanzar con mayor rapidez, según el mismo análisis de Control Risks. Desde ese punto de vista, la concentración de poder puede devolver capacidad de ejecución a un Estado que se había vuelto excesivamente temeroso.
El problema es que la misma centralización que acorta cadenas también concentra arbitrariedad potencial. Para una empresa o un inversor, no basta con que las decisiones lleguen más rápido. También importa que sean consultables, comprensibles y relativamente estables en el tiempo. Y ahí Vietnam ofrece señales mixtas. Lo positivo es visible: hay prioridades más claras desde el centro, una retórica insistente a favor de infraestructuras, energía y alta tecnología, y una élite algo más tecnocrática que entiende mejor la lógica de la integración internacional. Lo inquietante, sin embargo, es que el principio de “no safe zones” implica que acuerdos aparentemente sólidos pueden ser revisados si cambian las prioridades políticas o si cae un socio local que parecía bien conectado.
En consecuencia, el entorno vietnamita no se ha vuelto necesariamente hostil para el capital, pero sí más exigente. Las empresas ya no pueden confiar tanto en la vieja estabilidad de las zonas grises, en esos arreglos informales relativamente duraderos que durante años coexistieron con el crecimiento. Ahora se les exige más documentación, más cumplimiento, más cuidado en la selección de socios y más capacidad para seguir cambios rápidos desde el centro. La amenaza no es tanto la ausencia de normas como la posibilidad de que esas normas se apliquen, aceleren o reinterpreten con una rapidez mayor que antes.
En conjunto, la evolución reciente de Vietnam deja una imagen compleja, pero bastante coherente. El régimen ha utilizado la anticorrupción para reforzar su autoridad, disciplinar al aparato y recortar espacios de autonomía dentro de la élite. Al mismo tiempo, bajo Tô Lâm, esa campaña está derivando hacia una reorganización más ambiciosa del Estado, con menos capas, menos negociación lateral y más control vertical. Eso puede traducirse en mayor capacidad de ejecución, pero también en una política más opaca, más concentrada y más sensible a giros internos difíciles de anticipar. Para el Partido, es una apuesta por una estabilidad construida desde arriba y sostenida por la disciplina. Para los inversores, es un recordatorio de que Vietnam sigue comprometido con el crecimiento y la apertura, sí, pero ya no puede venderse solo como un refugio de previsibilidad rutinaria. Hoy es también un Estado vigilante, rápido y centralizado, donde la anticorrupción no corrige únicamente excesos del pasado, sino que redefine las reglas del juego para el futuro.