Vietnam multará con hasta 50 millones de dongs a quien opere criptoactivos fuera de plataformas autorizadas

El Decreto 284/2026/NĐ-CP establece desde el 1 de septiembre sanciones para inversores, emisores y proveedores del mercado piloto de criptoactivos. Las multas máximas alcanzan 100 millones de dongs para personas y 200 millones para organizaciones.

El Gobierno de Vietnam ha publicado el Decreto 284/2026/NĐ-CP, fechado el 16 de julio, que fija por primera vez un cuadro sancionador específico para el mercado piloto de criptoactivos y entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026. La norma se aplicará mientras permanezca vigente la Resolución 05/2025/NQ-CP, mediante la cual el Ejecutivo estableció en septiembre de 2025 un programa experimental de cinco años; por tanto, el decreto no crea el mercado, sino que determina las infracciones, las autoridades competentes y las consecuencias administrativas dentro de ese marco temporal.

Para los inversores residentes, la disposición más directa es una multa de entre 30 y 50 millones de dongs —aproximadamente entre 1.140 y 1.900 dólares al cambio empleado por Việt Nam News ↗— cuando negocien criptoactivos sin utilizar un proveedor autorizado por el Ministerio de Finanzas. Si una persona residente adquiere activos cuya oferta se haya reservado a inversores extranjeros, la sanción se eleva a una horquilla de 70 a 100 millones de dongs. Las cantidades corresponden a infracciones administrativas; el texto no establece que toda tenencia de criptoactivos sea sancionable por sí misma.

Las organizaciones que presten servicios sin licencia, o que anuncien y comercialicen esos servicios sin autorización, afrontarán multas de entre 180 y 200 millones de dongs. El portal informativo del Gobierno vietnamita ↗ detalla además sanciones de 150 a 200 millones para emisores que coloquen activos entre destinatarios no permitidos, incumplan los requisitos de emisión, omitan el folleto exigido o actúen de forma distinta a lo declarado en ese documento. La falta de verificación de identidad al abrir una cuenta se castigará con entre 50 y 70 millones.

El máximo general queda fijado en 200 millones de dongs para organizaciones y 100 millones para personas físicas, y, cuando una persona cometa una infracción tipificada para una organización, deberá abonar la mitad de la cuantía correspondiente. La norma también sanciona con entre 150 y 200 millones la recopilación, conservación, intercambio, venta, cesión o divulgación ilícita de datos de cuentas de criptoactivos, además de incluir infracciones relacionadas con inspecciones, transferencias de inversores extranjeros y prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

El texto definitivo endurece un elemento del borrador sometido anteriormente a consulta: el proyecto del Ministerio de Finanzas contemplaba una multa máxima de 30 millones de dongs para el inversor que operase fuera de plataformas autorizadas, mientras que el decreto aprobado eleva el tramo a entre 30 y 50 millones, según la comparación publicada por Việt Nam News ↗. El documento jurídico íntegro identifica el decreto como una norma del Gobierno y vincula expresamente su aplicación a la Resolución 05/2025, como muestra la versión consultable de LuatVietnam ↗.

El mecanismo sancionador se incorpora a un proceso de concesión de licencias que todavía no ha terminado. En marzo, Reuters ↗ examinó un documento del Ministerio de Finanzas según el cual cinco empresas habían superado una primera ronda de evaluación, entre ellas filiales vinculadas a Techcombank, VPBank y LPBank, además de VIX Securities y Sun Group; VPBank y Sun Group confirmaron entonces sus solicitudes, pero el Ministerio no comentó expedientes concretos. Reuters también señaló que la mayoría de los operadores vietnamitas utilizaba plataformas extranjeras y que los activos digitales no estaban reconocidos como moneda ni como medio legal de pago.

El decreto ya está aprobado y tiene fecha de entrada en vigor, pero la documentación pública consultada no identifica todavía qué plataformas recibirán licencia definitiva ni cuándo podrán comenzar a operar. Tampoco se ha publicado una lista oficial de proveedores autorizados que permita determinar, antes del 1 de septiembre, qué servicios quedarán dentro del circuito admitido. La ejecución práctica dependerá de esas licencias y de las instrucciones que emitan el Ministerio de Finanzas y los organismos con potestad inspectora y sancionadora.