El Senado filipino ordena entregar registros financieros de Sara Duterte para su juicio político

El tribunal político ha emitido citaciones para que bancos y el organismo antiblanqueo aporten registros de la vicepresidenta, su marido y entidades vinculadas. La orden limita su uso a establecer una base de comparación y no constituye una decisión sobre las acusaciones.

El Senado de Filipinas, constituido como tribunal político, ordenó el 20 de julio a bancos y al Consejo contra el Blanqueo de Capitales (AMLC) que entreguen registros financieros de la vicepresidenta Sara Duterte, de su marido, Manases Carpio, y de varias entidades relacionadas. La decisión fue leída durante la séptima jornada del juicio, cuyo vídeo íntegro publicó el Senado ↗, después de que la acusación de la Cámara de Representantes solicitara las citaciones y la defensa pidiera rechazarlas.

El alcance de la orden es más estrecho que la petición inicial de los fiscales. El tribunal autorizó los documentos para fijar un punto de partida con el que examinar los activos, transacciones e intereses empresariales de Duterte durante su mandato actual, pero excluyó su utilización para introducir acusaciones nuevas. El presidente de la sesión, el senador Francis Escudero, afirmó que los documentos requeridos satisfacían los requisitos aplicables a una citación, según la reconstrucción de la decisión realizada por Reuters ↗.

El tribunal resolvió por separado la solicitud relativa a los registros tributarios. Aunque autorizó la correspondiente citación, no ordenó su entrega inmediata: cualquier difusión deberá ajustarse primero a las reglas de confidencialidad fiscal. La cobertura en directo de GMA News ↗ confirmó las dos resoluciones y recogió que la defensa mantuvo su oposición, además de plantear dudas sobre la admisibilidad y el peso probatorio que tendrán los documentos cuando sean aportados.

La emisión de las citaciones no confirma que Duterte haya acumulado patrimonio sin justificar ni que sus declaraciones patrimoniales sean falsas. Es una decisión procesal para obtener pruebas que el tribunal todavía debe recibir, examinar y valorar junto con el resto del expediente. La acusación sostiene que los movimientos financieros permitirán comparar las operaciones de la vicepresidenta con sus declaraciones de activos, pasivos y patrimonio neto; la defensa rechaza ese planteamiento y Duterte niega haber cometido irregularidades.

La Cámara de Representantes aprobó el 11 de mayo la acusación contra Duterte por presuntos ingresos no explicados, soborno y corrupción, además de amenazas dirigidas contra el presidente Ferdinand Marcos Jr., la primera dama y un antiguo presidente de la Cámara. Esas imputaciones delimitan el juicio, pero siguen siendo alegaciones pendientes de resolución. El proceso no suspende a Duterte de la Vicepresidencia mientras el Senado no dicte una sentencia condenatoria.

Para destituirla se requiere el voto favorable de al menos 16 de los 24 senadores. Una eventual condena podría ir acompañada de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que una absolución cerraría el procedimiento político sin determinar por sí sola responsabilidades penales. Duterte ha anunciado su intención de presentarse a la Presidencia en 2028 y califica el proceso de motivado políticamente; ambas son posiciones de la vicepresidenta y no conclusiones del tribunal.

Al cierre de esta información, las entidades requeridas aún no habían entregado públicamente los registros ni se había fijado una fecha para examinarlos en audiencia. Tampoco estaba resuelta la entrega de la documentación tributaria, sujeta a las condiciones de confidencialidad, ni la admisibilidad final de cada documento. La próxima variación material del expediente dependerá de la recepción de las pruebas, de una resolución sobre su uso o de la sentencia del Senado.