El Senado filipino ordena entregar registros financieros de Sara Duterte para su juicio político
La agencia tributaria entregó los registros fiscales de Sara Duterte y Manases Carpio tras la autorización de Ferdinand Marcos Jr. El 3 de agosto, un exauditor declaró sobre documentación y gastos que consideró contrarios a las reglas de fondos confidenciales, mientras dos bancos recibieron hasta el día 13 para completar los registros requeridos.
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Un exauditor declara sobre gastos rechazados y dos bancos reciben plazo hasta el 13 de agosto
Roderick Wamil, antiguo auditor de la oficina de fondos confidenciales de la Comisión de Auditoría —COA—, declaró el 3 de agosto ante el tribunal político que la Oficina de la Vicepresidenta presentó recibos de reconocimiento, pero no facturas ni documentación que vinculara varias compras a operaciones confidenciales. Según la cobertura completa de GMA News ↗, el testigo identificó entre los expedientes examinados 500.000 pesos en mesas y sillas, tres millones en ordenadores e impresoras y 40 millones en ayuda médica y alimentaria; también explicó que la COA había rechazado 73 millones de los 125 millones de pesos liquidados por la oficina en diciembre de 2022. La declaración confirma lo que Wamil manifestó y los documentos que se incorporaron a la audiencia, no que el Senado haya probado una apropiación o responsabilidad personal de Duterte.
La defensa no aceptó como auténticos, sin examen individual, 845 recibos correspondientes al cuarto trimestre de 2022 y negó estipular que los 125 millones se gastaran en once días. Su abogado Michael Poa sostuvo que existe una explicación que expondrá durante el interrogatorio, por lo que esas cuestiones continúan controvertidas. En paralelo, el presidente del tribunal, Francis Escudero, confirmó la recepción de los registros fiscales y concedió a BDO Unibank y Security Bank diez días bancarios adicionales, hasta el 13 de agosto, para completar la documentación financiera citada, según la Philippine News Agency ↗ y el resumen independiente de The Philippine Star ↗. El interrogatorio directo de Wamil continuará el 4 de agosto; el tribunal no ha resuelto todavía la admisibilidad final de los registros ni las acusaciones contra la vicepresidenta.
La agencia tributaria entrega los registros de Duterte tras la autorización de Marcos
La Oficina de Impuestos Internos —BIR— entregó el 30 de julio al tribunal político del Senado los registros fiscales de la vicepresidenta Sara Duterte y de su marido, Manases Carpio, dentro del plazo fijado por la citación. El presidente Ferdinand Marcos Jr. autorizó su apertura conforme a la sección 71 del Código Nacional de Impuestos Internos, que permite inspeccionar declaraciones tributarias por orden presidencial. La comparecencia de la Presidencia filipina ↗ y GMA News ↗ confirman que la autorización comprende la documentación de ambos y deja al tribunal decidir cómo utilizarla durante el juicio.
La autorización presidencial resolvió la condición de confidencialidad que había impedido abrir una caja remitida anteriormente y devuelta sin examinar a la BIR el 7 de julio. El tribunal emitió la nueva citación el 20 de julio y limitó los documentos a establecer una base financiera para valorar la acusación sobre patrimonio no explicado; la orden no permite añadir cargos independientes y no determina que los registros prueben las alegaciones. Reuters ↗ confirmó la entrega y señaló que el juicio se reanudará el 3 de agosto. La oficina de Duterte no respondió de inmediato a la agencia, mientras el portavoz de su defensa, Michael Poa, dijo a GMA News que no haría comentarios en ese momento. Permanecen pendientes la admisibilidad, el examen del contenido y la valoración del Senado.
El Senado de Filipinas, constituido como tribunal político, ordenó el 20 de julio a bancos y al Consejo contra el Blanqueo de Capitales (AMLC) que entreguen registros financieros de la vicepresidenta Sara Duterte, de su marido, Manases Carpio, y de varias entidades relacionadas. La decisión fue leída durante la séptima jornada del juicio, cuyo vídeo íntegro publicó el Senado ↗, después de que la acusación de la Cámara de Representantes solicitara las citaciones y la defensa pidiera rechazarlas.
El alcance de la orden es más estrecho que la petición inicial de los fiscales. El tribunal autorizó los documentos para fijar un punto de partida con el que examinar los activos, transacciones e intereses empresariales de Duterte durante su mandato actual, pero excluyó su utilización para introducir acusaciones nuevas. El presidente de la sesión, el senador Francis Escudero, afirmó que los documentos requeridos satisfacían los requisitos aplicables a una citación, según la reconstrucción de la decisión realizada por Reuters ↗.
El tribunal resolvió por separado la solicitud relativa a los registros tributarios. Aunque autorizó la correspondiente citación, no ordenó su entrega inmediata: cualquier difusión deberá ajustarse primero a las reglas de confidencialidad fiscal. La cobertura en directo de GMA News ↗ confirmó las dos resoluciones y recogió que la defensa mantuvo su oposición, además de plantear dudas sobre la admisibilidad y el peso probatorio que tendrán los documentos cuando sean aportados.
La emisión de las citaciones no confirma que Duterte haya acumulado patrimonio sin justificar ni que sus declaraciones patrimoniales sean falsas. Es una decisión procesal para obtener pruebas que el tribunal todavía debe recibir, examinar y valorar junto con el resto del expediente. La acusación sostiene que los movimientos financieros permitirán comparar las operaciones de la vicepresidenta con sus declaraciones de activos, pasivos y patrimonio neto; la defensa rechaza ese planteamiento y Duterte niega haber cometido irregularidades.
La Cámara de Representantes aprobó el 11 de mayo la acusación contra Duterte por presuntos ingresos no explicados, soborno y corrupción, además de amenazas dirigidas contra el presidente Ferdinand Marcos Jr., la primera dama y un antiguo presidente de la Cámara. Esas imputaciones delimitan el juicio, pero siguen siendo alegaciones pendientes de resolución. El proceso no suspende a Duterte de la Vicepresidencia mientras el Senado no dicte una sentencia condenatoria.
Para destituirla se requiere el voto favorable de al menos 16 de los 24 senadores. Una eventual condena podría ir acompañada de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que una absolución cerraría el procedimiento político sin determinar por sí sola responsabilidades penales. Duterte ha anunciado su intención de presentarse a la Presidencia en 2028 y califica el proceso de motivado políticamente; ambas son posiciones de la vicepresidenta y no conclusiones del tribunal.
Al cierre de esta información, las entidades requeridas aún no habían entregado públicamente los registros ni se había fijado una fecha para examinarlos en audiencia. Tampoco estaba resuelta la entrega de la documentación tributaria, sujeta a las condiciones de confidencialidad, ni la admisibilidad final de cada documento. La próxima variación material del expediente dependerá de la recepción de las pruebas, de una resolución sobre su uso o de la sentencia del Senado.
Qué está confirmado
- El tribunal político del Senado emitió el 20 de julio de 2026 citaciones para obtener registros bancarios y del AMLC de Sara Duterte, Manases Carpio y entidades vinculadas.
- Los documentos financieros solo podrán utilizarse como base para examinar activos, transacciones e intereses empresariales durante el mandato actual, no para introducir acusaciones nuevas.
- El tribunal autorizó una citación para registros tributarios, pero condicionó su entrega al cumplimiento de las normas de confidencialidad fiscal.
- Ferdinand Marcos Jr. autorizó la apertura de los registros fiscales de Sara Duterte y Manases Carpio conforme a la sección 71 del Código Nacional de Impuestos Internos.
- La BIR entregó los documentos al tribunal político del Senado el 30 de julio de 2026 dentro del plazo de la citación.
- El exauditor de la COA Roderick Wamil declaró el 3 de agosto sobre documentación que consideró insuficiente y gastos que la auditoría había rechazado; su testimonio todavía debe ser valorado por el tribunal.
- El tribunal concedió a BDO Unibank y Security Bank hasta el 13 de agosto para completar los registros financieros requeridos.
Qué sigue abierto
- BDO Unibank y Security Bank no habían completado la entrega de los registros requeridos el 3 de agosto y disponen hasta el día 13; no se ha publicado un inventario final de la documentación recibida de todas las entidades y del AMLC.
- La admisibilidad, el contenido y el peso probatorio de cada documento siguen pendientes; las acusaciones contra Duterte no han sido decididas.
- La defensa mantiene controvertidos los 845 recibos del cuarto trimestre de 2022 y la afirmación de que los 125 millones de pesos se gastaron en once días; el interrogatorio de Wamil continuará el 4 de agosto.